Chihuahua a 4 de noviembre.- Como dice el dicho popular, “Muerto el niño, a tapar el pozo”. Solo después del artero asesinato del activista y líder comunitario Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió aparecer en escena con un flamante anuncio: el “Plan Michoacán por la Justicia y la Paz”. Un plan que suena más a intento de control de daños que a una verdadera estrategia de seguridad para un estado que, desde hace años, sangra entre la indiferencia y la impunidad.
Porque de poco o nada sirven los discursos tardíos y las mesas de trabajo cuando la realidad golpea todos los días. Los michoacanos, al igual que millones de mexicanos, siguen viviendo a la deriva, abandonados por una política de “no enfrentamiento” con el crimen organizado que ha demostrado ser un rotundo fracaso.
Mientras los grupos delictivos se reparten territorios, cobran cuotas y dictan sus propias leyes, el gobierno federal responde con lo de siempre: planes, programas y promesas. Ahora, bajo el envoltorio de la “paz y la justicia”, Sheinbaum pretende convencer de que escuchará a las comunidades, a las iglesias y a los sectores productivos. Pero ¿de qué sirve escuchar cuando se actúa tarde y mal?
El plan incluye ejes en seguridad, desarrollo económico y educación, con propuestas que van desde una “mayor presencia de las fuerzas federales” hasta la creación de “escuelas de cultura de paz”. Bonito suena en papel, pero los ciudadanos ya no quieren diagnósticos ni discursos suaves: quieren resultados.
Se promete reforzar la Guardia Nacional, abrir oficinas presidenciales en Uruapan, establecer mesas quincenales de seguridad y crear una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto. Sin embargo, los michoacanos ya han visto desfilar cientos de promesas similares durante los últimos sexenios, con el mismo resultado: la violencia crece, los culpables gozan de impunidad y las víctimas se acumulan en las estadísticas oficiales.
En el terreno económico, se habla de garantizar seguridad social a jornaleros agrícolas, que es uno de los principales problemas que tienen los productores del campo. En educación, de becas y programas de reinserción. Todo parece una mezcla entre plataforma de campaña y discurso de buenas intenciones.
Pero lo cierto es que la justicia no llega por decreto, ni la paz se decreta con mesas de diálogo. Y mientras la presidenta busca calmar la crisis con gestos políticos, la sociedad enfrenta sola la barbarie cotidiana.
Como bien dijo un político chihuahuense:
“El alzar la voz para reclamar justicia y seguridad en México puede costarte la vida.”
Carlos Manzo lo hizo, y lo pagó con la suya; y actualmente 10 alcaldes han sido privados de la vida en esta administración federal. Ojalá no tenga que morir otro mexicano más para que el gobierno entienda que la paz no se predica: se construye con autoridad, firmeza y justicia real.